¿Quién toma las decisiones?

Se publicó en el semanario Guía * 16 de noviembre 2012

Jaime Ramos Méndez

El pasado miércoles 14 de noviembre el movimiento DEFENZA (Defensa de Zamora Agrícola) se presentó a la sesión de Cabildo en que el regidor Juan Antonio Zamayoa Pérez presentó una iniciativa para que las decisiones en materia de otorgamiento de licencias para construcción en áreas de reserva ecológica se tomen nuevamente en el propio Cabildo y no en las oficinas de la urbanística municipal. Por un burocratismo de orden legal la votación no se logró orientar en ese rumbo aunque por unanimidad todos los regidores habían manifestado su conformidad con la propuesta. Una moción del regidor Miguel Ángel Navarrete turnó a una comisión de desarrollo urbano la propuesta para ser analizada antes de la votación.

Para fortuna de los ciudadanos de este país que vivimos en municipios con reuniones de Cabildo que por ley son públicas, un grupo representativo de la organización social DEFENZA logramos estar presente con motivo de la presentación de esta iniciativa pero también logramos hacer que se escuchara fuerte la posición de las organizaciones de productores agrícolas, agroindustriales y ciudadanos que en general estamos preocupados por la invasión de la mancha urbana a las tierras de alta productividad en el valle de Zamora.

Más afortunadas fueron las palabras de la alcaldesa zamorana, señora Rosa Hilda Abascal, quien con toda claridad expresó que su administración, en general, está de acuerdo con los propósitos de DEFENZA.

Mejor aún, fue la evidencia de que al menos no hubo ningún regidor que manifestara una postura contraria (y de acuerdo con la lista de presentes, todos los que conforman el Cabildo estuvieron presentes en la sesión).

Desafortunadamente, también la alcaldesa fue muy clara en manifestar que el Ayuntamiento anterior, presidido por Alfonso Martínez Vázquez, heredó a la presente administración, y yo diría que a todos los zamoranos vivos y por nacer, un plan de desarrollo urbano que es Ley y le ha cambiado a prácticamente todas las tierras del valle el uso de suelo, de tal forma que ya solamente está programado a los cuantos años se irán concediendo las licencias de construcción que las pavimentarán. En palabras de la arquitecta Laura Méndez, Directora de Planeación y Desarrollo Urbano de Zamora, es sólo cuestión “de temporalidad”.

Bueno. Pero si, como se dijo en la reunión de Cabildo, autoridades municipales y ciudadanos en general no estamos de acuerdo con el actual plan de desarrollo urbano (“no nos gusta”, dijo la señora Rosa Hilda), ¿qué podemos hacer? La alcaldesa misma marcó el rumbo: modificar el plan para detener la invasión urbana a las tierras agrícolas y orientar con orden el rumbo de la ciudad.

Para detener la construcción de nuevos fraccionamientos de manera legal se requiere modificar el plan de desarrollo urbano. Para ello se están buscando los servicios profesionales de despachos de urbanistas que ofrecen el servicio. El Ayuntamiento zamorano no tiene ese dinero o al menos está ante la dificultad de conseguirlos. De ese tamaño es nuestra crisis, también heredada de las pasadas administraciones, estatal y municipal). De ese tamaño es la crisis de un Ayuntamiento que no tiene más que para cubrir una abultadísima nómina y no para las obras y proyectos estratégicos y prioritarios.

Los agricultores presentes en la reunión le preguntaron a la alcaldesa acerca del tiempo que se llevará contar con un nuevo plan que permita detener la expansión urbana y reorientarla. Se habló de tres o cuatro meses, de contarse con los presupuestos necesarios, en los que sin duda más pavimentación cubrirá más hectáreas agrícolas.

La desesperación de la gente del campo es comprensible. Para ellos el problema es semejante a un cáncer que se expande sin control en un ser muy querido y los médicos hablan de tomar decisiones luego que la burocracia del gobierno tramite lo necesario para que el paciente reciba atención en los servicios públicos de salud. Se sabe que el tiempo es determinante y que los gobiernos deberían contar con los recursos necesarios, legales, financieros, de infraestructura, tecnológicos y de talentos profesionales para atender los asuntos más trascendentes para el desarrollo de las poblaciones asentadas en los municipios.

En el discurso todo parece funcionar bien. Los ciudadanos tenemos acceso a las reuniones en que nuestros representantes legales toman las decisiones. Tenemos derecho, y lo ejercemos, a que nuestras voces se hagan escuchar, y al menos de esa forma buscamos influir en las decisiones que se toman. Pero en los hechos, sabemos bien que los intereses económicos mueven los hilos más fuertes de la política y que no lo hacen abiertamente sino bajo la mesa de negociaciones.

Hasta ahorita los intereses que pavimentan el valle no se han manifestado, pero ya veremos.

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